Doce años después de que que se aprobara en España la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, hay 1.298.762 personas con derecho a recibir una prestación tras ser evaluadas. Sin embargo, poco más de un millón está recibiendo actualmente las ayudas reconocidas por ley. Según los datos del Imserso a 30 de noviembre de 2018, hasta 254.524 -un 19,6%- todavía están esperando las prestaciones en una carrera contrarreloj en la que la edad y la enfermedad juegan en contra.
"Están en el limbo, te reconocen un derecho, pero luego no te lo dan", explica a RTVE.es José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, quien destaca que en octubre alrededor de 107.000 de estas personas en "lista de espera" eran además grandes dependientes o dependientes severos (grados II y III).
Hay una segunda lista de espera que también hay que tener en cuenta, según los expertos consultados. Es la de aquellas personas que han solicitado ser evaluadas y que todavía no lo han sido. A 30 de noviembre, había 129.636 en esta situación. Se estima que el 80% acabará entrando en el sistema como beneficiario. Las dos listas de espera sumarían así unos 360.000 dependientes.
"La enfermedad avanza pero tu solicitud se queda en el pasado", explica desde Gran Canaria Sonia, que prefiere que no aparezca su verdadero nombre. Hace dos años presentó la solicitud para que evaluaran a su madre, de 76 años y enferma de alzhéimer, pero a día de hoy sigue esperando.
Entonces "estaba en un estado que no tiene nada que ver con el que está ahora. Antes comía sola y ahora necesita ayuda hasta para ir al baño", relata Sonia, que paga 800 euros a la mujer que cuida de su madre mientras ella se va a trabajar. De su sueldo sale también la hipoteca, todos los gastos de la casa... Apenas queda nada a final de mes.
Alejandra (nombre ficticio) espera desde noviembre de 2017 a que evalúen a su madre, de 89 años, en la Comunidad Valenciana. Hasta febrero de este año todavía podía andar con ayuda de un andador, pero ahora no puede moverse. "No se levanta, si la levantamos es de la cama al sillón y del sillón a la cama y con ayuda de una grúa", relata.
"La única respuesta que me han dado es que van con muchísimo retraso en las evaluaciones y que ahora están con las solicitudes de principios de 2016", relata esta mujer que también cuida desde hace años de una hermana con enfermedad mental.
Desde el Imserso, las fuentes consultadas recuerdan que las administraciones competentes en la gestión de la ley de dependencia son las autonomías, pero aseguran que existe un "firme compromiso" del Gobierno de elevar la financiación estatal en los próximos presupuestos subiendo las cuantías del nivel mínimo de protección por dependiente en función de su grado (que se redujo un 13%) y recuperando el nivel acordado, que cuando se suprimió en 2012, suponía 283,2 millones al año para las comunidades.
Este incremento de la financiación, aseguran, "supondría una inyección de recursos que permitiría a las comunidades autónomas reducir la denominada lista de espera". Sin embargo, a día de hoy el Gobierno socialista no tiene garantizados los apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas de 2019. Apenas hace unas semanas remitió a las comunidades autónomas una propuesta de niveles mínimos prácticamente iguales a los previstos por el Gobierno de Rajoy aunque luego los retiró alegando que había sido un "error".
