hola!2020

Es difícil que quepan en un mismo país más hitos políticos en menos tiempo. La última década ha revolucionado el panorama político en España. Hay quien dirá que el giro ha sido más de Lampedusa (cambiar todo para que nadie cambie) que de Copérnico. Sea como sea, el paisaje ha cambiado en diez años como no lo había hecho en los treinta anteriores.

Un país que estuvo cuarenta años sin votar en los últimos diez ha ido a las urnas cinco veces para elegir a un presidente del Gobierno. Hemos tenido tres inquilinos diferentes en Moncloa: José Luis Rodríguez Zapatero, hasta 2011; Mariano Rajoy (2011-2018) y Pedro Sánchez (desde 2018 hasta hoy). En 2019 se vivió el segundo bis electoral en tres años -parece un trabalenguas- y con tantas idas y venidas, el bloqueo político e institucional dura ya año y medio. 

Tres presidentes, cinco elecciones generales, dos mociones de censura, dos reyes… Del bipartidismo a un gobierno de coalición en ciernes y la extrema derecha en las instituciones. Parece mentira que la política nacional haya dado para tanto relato (la palabra de moda) cuando la mitad del tiempo ha estado copada por un solo tema: Cataluña.

En España la política ha dejado de ser una solución para sufrirse como un incordio. En 2010, cuando el CIS preguntaba a los ciudadanos por sus preocupaciones, la política y los políticos eran mentados por el 14,7%. En septiembre de 2019, la “cosa pública” batió todas las marcas al citarla como problema el 45,3% de los encuestados. 

El hartazgo y el enfado ante el poder establecido lanzaron a la calle a millones de manifestantes en todo el mundo. Aquí, a raíz del 15 de mayo de 2011, el fenómeno obtuvo su propia denominación de origen: los indignados, cuyas manifestaciones engendraron dos movimientos principales, el 15M y las mareas. Diversos colectivos y miles de personas anónimas acamparon en las plazas e iniciaron una serie de protestas por una democracia más participativa, mayor justicia social y contra el viejo bipartidismo (el PPSOE) y la influencia política de los poderes económicos.

Entre los estragos de la crisis, la protesta alumbró una nueva política. Surgieron partidos alternativos, entre ellos Podemos (2014) que, desde las afueras del sistema, se propusieron transformarlo desde dentro. Asambleas, listas abiertas, poder horizontal, crowdfunding, políticos no profesionales enfrentados a la “casta”… Una nueva retórica y una nueva praxis irrumpieron para intentar erigir un sistema casi utópico, con asalto al cielo incluido.

Atravesamos tiempos paradójicos. A Zapatero lo apeó del poder la gestión de la crisis económica pero se fue sin perder en las urnas (renunció a presentarse). Rajoy, derrotado en dos elecciones generales, llegó al gobierno con mayoría absoluta, lo revalidó con una abstención ‘in extremis’ del PSOE y se fue con una moción de censura (la segunda que le hicieron), algo inédito en España. Y Pedro Sánchez, que se hizo presidente sin haber ganado unas elecciones, aún no ha conseguido serlo después de ser el más votado en las dos siguientes. De hecho, es el único candidato que ha fracasado dos veces en una investidura. 

El liderazgo ya no es un atributo longevo. Sin distinción de siglas, nace, crece, se reproduce, muere ¡y hasta resucita! en un abrir y cerrar de ojos. Otro hito de la década, la renovación de los líderes mediante primarias, ha estado casi siempre poblado de sorpresas. Da fe de ello el PSOE, que cambió de líder en 2012 (Alfredo Pérez Rubalcaba ganó a Carmen Chacón por 22 votos), en 2014 (Pedro Sánchez ganó a Eduardo Madina), en 2016 un Comité Federal socialista histórico que abrió en canal al partido fuerza la dimisión de Sánchez y en 2017 volvió a ganar las primarias, esta vez a Susana Díaz. En el PP, la retirada de Mariano Rajoy dio pie a inaugurar las primarias para elegir a un insospechado sucesor, un novel de raigambre aznarista madurado en los equipos ‘marianistas’, Pablo Casado. 

También las formaciones nacidas de la depresión del bipartidismo han sufrido la voracidad de estos tiempos y han vivido en un lustro la expansión y el declive, aunque en distinto orden. La meteórica irrupción de Podemos, el partido que subsumió a la tercera fuerza nacional, IU, fue seguida de una tensión interna que fracturó a sus fundadores y amenazó con hacer descarrilar el proyecto. Pese a no parar de perder votos desde 2015, Unidas Podemos está a punto de conseguir su objetivo y formar parte por primera vez en la actual democracia de un Gobierno en coalición. 

La suerte de Pablo Iglesias nada tiene que ver con la de Albert Rivera. Ambos han sido alfa y omega de la nueva estirpe que quiso regenerar la política. Ciudadanos, némesis del independentismo catalán y con vocación de tercera vía liberal, saltó a la arena nacional, absorbió los cuadros de UPyD, apoyó a Rajoy, rozó la Moncloa según las encuestas y en las urnas estuvo a punto de superar en votos al PP. Tras cuatro años de ascenso, en seis meses, de mayo a noviembre de 2019, la renuncia a un acuerdo con el PSOE de Sánchez como el que ensayó en 2016, su viraje para apuntalar al PP al que quería sobrepasar y su querencia a gobernar con la derecha, extrema derecha mediante, le condenaron ante sus electores, que dejaron desnudo al presidente de Ciudadanos, tal como había empezado (literalmente) en la década anterior. La carrera política de Rivera terminó en la semana en que cumplió 40 años.

Su lugar como tercera fuerza lo ha ocupado Vox. Fundado en 2013 por críticos del sector más conservador del PP, es la versión española del populismo de derecha radical equiparado a los modelos de Marine Le Pen en Francia o Matteo Salvini en Italia. Sus primeras incursiones electorales fueron en las autonómicas y municipales de 2015, sin obtener más que 22 concejales y dos alcaldías. En las generales de ese año, apenas reunieron 57.000 papeletas, el 0,2%. Cuatro años después, en las de noviembre de 2019, alcanzaron 52 escaños y 3,6 millones de votos, el 15% del total. Al final de esta década, la extrema derecha clavó la bandera en casi toda España: tiene representación en el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo, nueve parlamentos autonómicos, las Asambleas de Ceuta y Melilla y es llave de gobierno en ayuntamientos como Madrid y Zaragoza y en las comunidades de Andalucía, Madrid y Murcia, y tiene una endiablada capacidad para marcar la agenda. 

Y el otro gran cambio en la política española tuvo lugar en lo más alto, en la jefatura del Estado. El 19 de junio de 2014 Juan Carlos I abdicó tras un reinado de 39 años en su hijo, el actual rey Felipe VI, que asumió la corona a los 46 años. Detrás de la decisión, anunciada cuatro meses antes, el paso natural del tiempo, la salud del monarca y otros acontecimientos que empañaron la imagen del jefe del Estado, como la imputación en el caso Nóos de la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, condenado a casi seis años de prisión, cuyos negocios dijo el socio de este que el rey conocía; la caída que sufrió en una cacería de elefantes en Botsuana mientras España vivía el acoso de los mercados financieros, y su relación con la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein. 

La abdicación del rey Juan Carlos puso en marcha por primera vez el mecanismo constitucional de la sucesión en la Corona, que al final trajo la convivencia de unos reyes en el trono y otros eméritos. Llegó un monarca de otra generación para un tiempo político diferente, y ciertamente el rey Felipe ha acumulado eventos en cinco años de reinado que su padre tardó décadas en conocer, como una sucesión de rondas de consultas, fallidas y no, para proponer un jefe de gobierno, una histórica aparición televisiva en octubre de 2017 para hacer frente a un desafío al orden constitucional en Cataluña, el referéndum del 1-O que supuso para el actual monarca su personal 23-F, y también un grave atentado terrorista islámico, en Cataluña en el verano de 2017.

En 2010, ETA anuncia un “alto el fuego permanente, general y verificable”, una tregua que no evitó la desconfianza. Ese año asesinó a su última víctima, el policía francés Jean-Serge Nérin, el último de la larga lista de más de 850 muertos y más de 6.000 heridos que dejó la banda terrorista.

Meses después, el 20 de octubre de 2011, llegó el día histórico: el “cese definitivo de la violencia armada”, con el comunicado de tres encapuchados en una mesa. En abril de 2017, ETA se declaró como “banda desarmada” y en mayo de 2018 el prófugo Josu Ternera y la etarra Marisol Iparaguirre anunciaron en Ginebra el “final de su trayectoria” y el desmantelamiento total de sus estructuras. Pero aún quedan más de 300 casos de terrorismo sin resolver, se debate la situación de los presos y se pugna por el relato histórico. La disolución de ETA tras casi 60 años de violencia es un hecho, la petición de perdón y la condena sin paliativos al terrorismo etarra por parte de la izquierda abertzale siguen a la espera.

España saldó otra deuda con su pasado con la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El 24 de octubre de 2019, 44 años después de su muerte, el dictador fue reinhumado en el cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo, cerrando un capítulo clave de la memoria histórica y una tensa batalla judicial entre la familia Franco y el Gobierno de Pedro Sánchez, que hizo de la exhumación una de sus primeras promesas.

Prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad, fraude fiscal... La corrupción ha ocupado día tras día la atención de la sociedad española en la última década. Ha sido una losa política que ha derribado gobiernos y una lacra social que ha escandalizado y avergonzado a la ciudadanía. En casi todas las comunidades autónomas ha habido estos años algún caso de corrupción en los tribunales, pero ha habido algunos polos destacados.

Comunidad de Madrid: el caso Gürtel, el caso Púnica o el caso Lezo atraviesan las instituciones madrileñas y se llevaron por delante a los principales dirigentes del PP en la región: Ignacio González, Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes. Los tentáculos de Púnica provocaron también la dimisión del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado previamente en el caso Auditorio. Y fue la sentencia del caso Gürtel en mayo de 2018, al condenar al PP por lucrarse de esta trama mantenida durante casi dos décadas, acreditar la caja B del partido y poner en duda la credibilidad de Mariano Rajoy, que declaró como testigo, la que desencadenó la moción de censura que acabó con su gobierno y su carrera política. Más casos relacionados con la corrupción costaron el puesto a otros ministros, como José Manuel Soria y Ana Mato.

Y la financiación ilegal no se detiene ahí, se investigan aún las derivadas del caso Gürtel, y sigue pendiente el caso Bárcenas, que juzga la contabilidad B del PP y el pago de sobresueldos a sus dirigentes al extesorero que cumple 33 años de cárcel por su papel en la trama Gürtel.

Sin olvidar el caso de las tarjetas black, que afectó a 65 exconsejeros y exdirectivos de la antigua Caja Madrid, la principal entidad que intervino el Estado por la crisis financiera.

Andalucía inició la década con el caso Malaya, del saqueo en el ayuntamiento de Marbella que implicó a políticos y famosos, como la tonadillera Isabel Pantoja, que acabó en prisión, y la terminó con la sentencia de la pieza política de los ERE, que impuso una condena de seis años de cárcel para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y nueve años de inhabilitación para el expresidente Manuel Chaves, además de prisión para otros nueve altos cargos socialistas imputados, en la primera de las muchas piezas que se han de juzgar sobre este sistema fraudulento de subvenciones en la Junta gobernada por el PSOE.

Cataluña ha sido estos años una de las comunidades con más investigaciones abiertas por asuntos de corrupción, entre los que destacan el caso del 3%, sobre la presunta financiación irregular de la hoy extinta CDC en la adjudicación de obras públicas, el caso Palau y las irregularidades y manejos del clan familiar del expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer y varios de sus hijos. 

Otro epicentro de la corrupción protagonizada por el PP ha estado en la Comunidad Valenciana, desde asuntos locales como el caso Brugal en Alicante a las investigaciones aún no cerradas al expresidente Francisco Camps por la visita del papa Benedicto a Valencia en 2016 o la adjudicación de un stand en Fitur 2009 (el caso del circuito de Fórmula 1 prescribió). Fue absuelto del caso de los célebres trajes que recibió como regalo y se acreditó la financiación irregular del PP cuando él lo presidía. Antes, en noviembre de 2016, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá falleció en Madrid de un infarto tras comparecer ante el Supremo, que la investigaba por presunta financiación irregular del PP valenciano.

La corrupción ha salpicado no solo a los partidos, sino a otras instituciones de todo tipo, desde los propios jueces, con la inhabilitación del juez Baltasar Garzón por prevaricación, la gestión de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) o las universidades, como la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid (URJC). 

Capítulo aparte se abrió con los presuntos casos de plagio académico, la última tendencia en materia de corrupción. De pronto, las tesis doctorales y los trabajos finales de máster estuvieron bajo la lupa. Se acusó de copiar sin citar en sus investigaciones académicas tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del Senado, Manuel Cruz, como al líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. El bombardeo se cobró finalmente dos víctimas: Cifuentes, rematada por el vídeo de un hurto de unas cremas en 2011, y la ministra de Sanidad Carmen Montón, por las sospechas acerca de su máster de estudios de género en la citada URJC.

Cataluña ha vivido una década insólita, rocambolesca por momentos, y con unos acontecimientos de extraordinaria gravedad, desde que el ansia de independencia de buena parte de la sociedad y la clase dirigente desembocó en el referéndum ilegal de 2017 y desató una catarata de acontecimientos inimaginables, que arribaron a un final -pendiente de epílogo- con la condena entre nueve y trece años de cárcel de sus principales promotores, entre ellos el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, cuyo partido es además llave de gobierno.

El relato sucinto de estos años, con elecciones en 2010, 2012, 2015 y 2017, muestra la excepcionalidad en que ha mutado la política catalana. Todo empezó en 2010, cuando en medio de la acuciante crisis y tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba varios artículos del Estatuto de Autonomía, CiU arrebata el gobierno al PSC. 

Cada Diada pasa a ser un termómetro del independentismo que se retroalimenta entre la calle y las instituciones. Artur Mas convoca elecciones para defender el mantra del “derecho a decidir”, de las que sale una alianza con ERC. Para impulsarlo, convoca el 9 de noviembre de 2014 una consulta en la que votan 2,3 millones de catalanes y el 81% se muestra a favor de la independencia. Mas convoca otras elecciones en 2015, rompe con su socio histórico, Unió, y CDC forma con ERC una lista única, Junts pel Sí.

Entre el 9-N y el 1-O, dos consultas unilaterales y sin respaldo legal, y con la amenaza de una inhabilitación concretada más tarde, Mas hubo de sacrificarse por un desconocido Carles Puigdemont, que encabezó varias resoluciones del Parlament para la “desconexión” con el Estado y la creación de una república catalana. Asediada por la corrupción, CDC se refunda como PDeCat. Se abre un abismo entre Cataluña y el Estado y se inicia el llamado ‘procés’ encabezado por el PDeCat -que presenta nueva marca electoral, JxCat- y ERC, con el concurso cada vez más destacado de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural.

Tras intentar un referéndum pactado, Puigdemont convoca uno ilegal el 1 de octubre de 2017. El 1-O fue una consulta sin garantías y desarrollada a partir de un censo sin control que derivó, tras las cargas policiales vistas en todo el mundo, en una tensión sin precedentes en la que tuvo que intervenir el rey. Sirvió no obstante para cimentar un mandato político que hicieron suyo los separatistas, con una declaración de independencia que el Gobierno frenó en el acto, al aplicar por primera vez el artículo 155 de la Constitución, intervenir las instituciones catalanas y convocar elecciones. Y por otro lado abrió sendos juicios en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con los graves cargos de rebelión, sedición, organización criminal, malversación y prevaricación contra los principales cargos políticos y policiales catalanes.

En doce meses, Cataluña vivió un terremoto: un gobierno procesado y sustituido por el Estado, políticos huidos intentando formar gobiernos virtuales en el corazón de Europa y presentándose a sucesivas elecciones para propagar sus discursos y blindar su situación judicial, y en la Generalitat un presidente por encomienda, Quim Torra, que mantiene el pulso al Estado con la vida parlamentaria en suspenso hasta jugarse también la inhabilitación por desobediencia.

Esta historia continúa abierta a finales de 2019, pero su balance indudable es una crisis con mayúsculas en la política, la estabilidad económica comprometida, una brecha abierta en la justicia europea y, sobre todo, una sociedad fracturada por cuestiones identitarias en la que la radicalidad se ha adueñado del día a día.